Cápsulas del GES Nº20. Efectos de la pandemia en Colombia frente al cumplimiento de los ODS​

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), constituyen un llamado internacional aprobado a instancias de Naciones Unidas en 2015 para que los países establezcan políticas y acciones en pro de reducir la pobreza, proteger el medio ambiente, garantizar la paz a nivel mundial y promover el desarrollo sostenible. Para cumplir este propósito se acordaron diecisiete objetivos con una serie de metas a alcanzar en el año 2030. Tales objetivos se clasifican en cuatro categorías: bienestar e inclusión social, desarrollo económico, medio ambiente, y gobernanza y participación.

En la categoría de bienestar e inclusión social, el objetivo número tres se refiere a salud y bienestar, el más directamente relacionado con salud y el que debería constituir el propósito fundamental de los ODS en la medida en que allí se agrupan indicadores clave relativos a la calidad de vida, los cuales se pueden resumir en el anhelo de vivir más y vivir mejor. Esto, sin olvidar la importancia de los demás objetivos como determinantes sociales de la salud, y teniendo en cuenta lo que se ha denominado como la salud en todas las políticas (HiAP, por sus siglas en inglés), un “enfoque para la formulación de políticas que considera sistemáticamente las implicaciones sanitarias de las decisiones en todos los sectores, buscando sinergias y evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del sector de la salud para mejorar la salud de la población y la equidad sanitaria” (OPS, s.d).

Hacer seguimiento al avance de los ODS resulta crucial para dar cuenta del avance que presentan las políticas nacionales, sin olvidar que dicho cumplimiento está expuesto a variables externas que posibilitan su alcance o provocan retrocesos, como sucedió a partir de 2020 con ocasión de la pandemia por COVID-19. De este modo, el propósito de este boletín es estudiar el cumplimiento de tres indicadores que pueden resultar trazadores frente al cumplimiento de los ODS, y de manera especial al avance del desarrollo del país. Es el caso de la mortalidad materna, que hace parte del ODS de salud y bienestar, la incidencia de la pobreza monetaria, como parte del objetivo número uno sobre fin de la pobreza, y la tasa de desempleo, dentro del objetivo número ocho sobre trabajo decente y crecimiento económico.

El seguimiento se adelanta empleando una gráfica y una tabla con los colores del semáforo para comparar el cumplimiento de los indicadores tomados para el análisis, antes y después del COVID-19. Si el porcentaje de cumplimiento es mayor al 90% y/o su tendencia es mejor que la esperada, se asigna el color verde; amarillo, si el cumplimiento se encuentra entre 60% y 90%, y/o la trayectoria varía levemente; finalmente, será rojo si el cumplimiento está por debajo del 60% y/o la tendencia es claramente de empeoramiento del indicador. El valor esperado del indicador para cada año se estima suponiendo un comportamiento uniforme, con un cambio igual en cada año hasta alcanzar la meta en 2030.

En la tabla 1 se presenta el semáforo mostrando la situación de los indicadores seleccionados para el análisis en 2018, antes de iniciarse la pandemia, y luego se contrasta con los resultados que se tuvieron en 2021, luego de los principales picos de contagio y retornada en gran parte la normalidad en la mayoría de las actividades. Producto del contrate se evidencia que tras la pandemia los tres indicadores tienen un cumplimento menor al 60%, empeorando su condición y limitando la posibilidad de llegar a la meta en 2030. En el caso especial de la mortalidad materna, se observa que antes de la pandemia se tenía un comportamiento observado mayor al 90%, y para el año 2021 presenta un color rojo, rezagando los avances y cuestionando el retorno al comportamiento esperado hasta 2030.

Mortalidad materna

La Gráfica 1 de mortalidad materna muestra que para 2018, antes de la pandemia, el valor observado (línea azul) estuvo por debajo del valor esperado (línea roja), lo que permitía darle un cumplimiento alto (verde), pero a partir de 2020 se presentó un retroceso considerable. En 2015 la tasa reportada y esperada iniciaba en 53,71 por cada 100.000 nacidos vivos, a partir de allí se observa una senda de caída, pero siempre ligeramente por encima de lo esperado, hasta 2018 cuando se reporta una tasa de mortalidad de 45,29 mientras la esperada era de 49,37. Cuando llega la pandemia, la tendencia de reducción se revierte y comienza a crecer hasta llegar a 66,8 en 2021, lejos del esperado de 45,03.

Para el caso general de América Latina, según la Organización Panamericana de Salud (OPS, 2022), la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 tendrá como principal consecuencia en la mortalidad materna la anulación de 20 años de progreso. No obstante, se tiene como una de las principales acciones para prevenir la mortalidad materna, priorizar la vacunación de las mujeres embarazadas y las lactantes, pues según la OPS las mujeres en esta condición que contraen COVID-19 tienen mayor riesgo de ingresar a las unidades de cuidados intensivos y necesitar respiración artificial.

De manera que la situación que presenta Colombia no es exclusiva de este país. A manera de ilustración, en la Gráfica 1 se hace una comparación con dos países con los que guarda similitudes, aunque en lo que respecta a mortalidad materna el país se presenta indicadores intermedios, con una mejor situación si se compara con Perú pero una peor si se compara con México. Puede verse que en esos países también se presentó un incremento en la mortalidad materna en 2020, incluso con una pendiente superior a la registrada en Colombia. En México el indicador pasó de 34,6 en 2018 a 53,1 en 2021, y Perú pasó de 64,6 en 2018 a 81,6 en 2020.

Incidencia de la pobreza monetaria

La OPS afirma que “la pobreza y las inequidades siguen siendo un desafío en la Región” en materia de equidad en salud. En este sentido, es clara la relación entre la pobreza monetaria y el estado de salud. En la gráfica 2 se expone el incremento que tuvo la incidencia de la pobreza monetaria durante la pandemia, alcanzando en 2020 el valor más alto en los últimos 10 años, con una incidencia del 42,5%. Lo anterior ha tenido efectos directos en la desigualdad social, afectando en mayor medida a las mujeres y a la población rural (CEPAL).

Particularmente para Colombia, el aumento en la Incidencia de la pobreza monetaria significó un retorno de dos décadas de avances y objetivos, lo cual da cuenta de la necesidad de implementar reformas estructurales en pro de la reducción de la pobreza y de las condiciones laborales necesarias para combatir los efectos de la pandemia (Universidad de los Andes, 2020). Similar situación se vive en México y Perú, donde el primero pasa de una incidencia de 2,6% en 2018 a una de 3,1% en 2020 en el primer caso, y de 20,5% en 2018 a 30,1% en 2020 en el segundo.

Tasa de desempleo

Finalmente, como otro determinante clave de la salud, se tiene la tasa de desempleo. Esta reportó durante la pandemia su tasa más alta desde el año 2002 (15,92 en 2020 frente al 15,8 en 2002), retrocediendo casi veinte años, lo cual resulta alarmante pues este indicador tiene un impacto directo e indirecto en aspectos que miden las condiciones generales de un país, como la economía, la política, el bienestar y la salud. El aumento en la tasa de desempleo implica una reducción en la oportunidad de ingreso al mercado laboral, especialmente para poblaciones vulnerables, como son las mujeres, la población negra, los jóvenes, los indígenas y los campesinos.

Sin embargo, esto ha sido un efecto global. De manera similar a como se muestra en las otras gráficas, para México y Perú se observa en la gráfica 3 un comportamiento similar al colombiano, especialmente en el caso de Perú. Sin embargo, el efecto en estos dos países parece menos agresivo que para el caso colombiano y la senda parece retorna de manera más rápida.

Autores: Mariana Gómez, Andrea Ruiz, Jairo Humberto Restrepo

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