Observatorio 45: Situación financiera y perspectivas de reforma del sistema de salud colombiano

Autores

• Jesús Alonso Botero García Economista y especialista en Política Económica. Profesor emérito, Universidad EAFIT.
• Marcela Brun Vergara Economista y magister en Economía.
• Ramón Abel Castaño Yepes Médico y PhD en Políticas y Salud Pública. Consultor en sistemas de salud.
• Diego Fernando Gómez Sánchez Ingeniero de Producción y PhD en Ingeniería de Sistemas. Director ECSIM.
• Daniel Medina Gaspar Economista y magíster en Economía. Profesor, Universidad EAFIT.
• Julio Mario Orozco Africano Médico y magíster en Gestión Sanitaria. Profesor, Universidad de la Costa.
• Jairo Humberto Restrepo Zea Economista y magíster en Gobierno y Asuntos Públicos. Profesor, Universidad de Antioquia.

Palabras clave

Sistema de salud, financiación, reforma, Colombia.

Resumen

El sistema de salud colombiano ha presentado avances significativos en cuanto a cobertura y protección financiera. Sin embargo, la sostenibilidad es una preocupación creciente para mantener estos logros y enfrentar la presión por el aumento del gasto debido especialmente a la adopción de nuevas tecnologías, al envejecimiento de la población y a la creciente demanda de servicios. Mediante la Ley 1751 de 2015, conocida como Ley Estatutaria de Salud, se reguló en el país el derecho fundamental a la salud y se establecieron los principios para asegurar un acceso efectivo y equitativo a los servicios de salud para todos los ciudadanos, responsabilidad que recae sobre el Estado, como lo había reafirmado la Corte Constitucional en Sentencia T-760 de 2008.

El análisis del comportamiento del gasto en salud en los años recientes muestra un desfase creciente en el reconocimiento del recurso destinado a cubrir el plan de beneficios en salud, la unidad de pago por capitación (UPC). Este desfase se presenta entre la UPC calculada por la autoridad, por una parte, y los costos reales que reportan las EPS, por la otra, lo que genera un déficit financiero que compromete la sostenibilidad del sistema. Se estima que el desfase de la UPC en 2022 fue del 7,2% y en 2023 del 4,9% frente a los valores definidos por el gobierno. De manera que para reconocer los gastos reales que comprenden la prestación de servicios sería necesario un ajuste de unos $7,1 billones.

Por otra parte, en cuanto al mecanismo para financiar las tecnologías no cubiertas por la UPC, mediante los denominados presupuestos máximos, se presentan diferencias entre los cálculos iniciales y los ajustes que reconoce el propio gobierno en la marcha, con un faltante de unos $2 billones entre 2022 2023. Además, se presentan retrasos considerables en los reajustes, lo que implica aumentos en la cartera y lo que ha llevado a la Corte Constitucional a llamar la atención para que el gobierno se ponga al día con los pagos correspondientes.
Ante este escenario, la propuesta de reforma de origen gubernamental, lejos de abordar estos desafíos, podría agravar la situación financiera al no contemplar medidas eficaces para gestionar la creciente demanda y mejorar la eficiencia del gasto, lo cual pone en riesgo la cobertura y la calidad de los servicios de salud.

En esta Observación se reúnen los análisis elaborados por un equipo de expertos. El texto se estructura en cuatro secciones: una primera sección con el contexto de la evolución y los retos de la sostenibilidad financiera y algunas precisiones sobre el marco institucional en el que se desenvuelve el sistema de salud, muy especialmente lo que respecta a las obligaciones del Estado en materia de financiación. A continuación, se examina la financiación del plan de beneficios y la suficiencia de recursos, y se analiza la financiación de las tecnologías financiadas mediante el mecanismo de presupuestos máximos.  En la tercera sección se presentan unas consideraciones sobre la reforma propuesta por el gobierno, y finalmente, en la cuarta sección, se plantean las conclusiones.

Abstract:

This edition of the newsletter consolidates the analyses prepared by a team of experts.

The Colombian health system has shown significant progress in terms of health coverage and financial protection. However, sustainability has become a growing concern as the country strives to preserve these achievements while facing increasing pressures from higher spending due to the adoption of new technologies, an aging population, and rising demand for health services. Through the Law 1751 of 2015, known as the Statutory Health Law, the fundamental right to health was regulated in the country and the principles were established to ensure the effective and equitable access to health services for all citizens. This responsibility falls on the State, was reaffirmed in 2008 by the Constitutional Court T-760 judgement.

The analysis of recent health spending behaviour shows a growing gap in the recognition of the resources allocated to the health benefit plan, known as the Capitation Payment Unit (CPU). This gap exists between the CPU costs calculated by the authorities and the actual costs reported by the Health Promoting Entities (HPE), resulting in a financial deficit that compromises the sustainability of the health system. It is estimated that the CPU gap in 2022 was 7.2%, and in 2023, it was 4.9% (as compared to the values defined by the government). Thus, an adjustment of approximately $7.1 thousand billion would be necessary to account for the actual expenses associated with the provision of services.

On the other hand, regarding the mechanism for financing technologies not covered by the CPU, through the so called maximum budgets, there are differences between the initial calculations and the adjustments recognized by the government, resulting in a gap of about $2 thousand billion between 2022 and 2023. In addition, there are considerable delays in the readjustments, which leads to growing portfolios which has led the Constitutional Court to call it to the government’s attention so that it catches up with the corresponding payments.

In light of this situation, the government’s reform proposal, far from addressing these challenges, could worsen the financial situation. It omits effective measures to manage the growing demand and improve spending efficiency, thus jeopardizing the coverage and quality of health services.

Ramón Abel Castaño, Diego Gomez, Jesús Botero, Marcela Brun Vergara, Julio Mario Orozco Africano, Daniel Medina Gaspar