Observatorio 45: Situación financiera y perspectivas de reforma del sistema de salud colombiano
Autores
- Jesús Alonso Botero García Economista y especialista en Política Económica. Profesor emérito, Universidad EAFIT.
- Marcela Brun Vergara Economista y magister en Economía.
- Ramón Abel Castaño Yepes Médico y PhD en Políticas y Salud Pública. Consultor en sistemas de salud.
- Diego Fernando Gómez Sánchez Ingeniero de Producción y PhD en Ingeniería de Sistemas. Director ECSIM.
- Daniel Medina Gaspar Economista y magíster en Economía. Profesor, Universidad EAFIT.
- Julio Mario Orozco Africano Médico y magíster en Gestión Sanitaria. Profesor, Universidad de la Costa.
- Jairo Humberto Restrepo Zea Economista y magíster en Gobierno y Asuntos Públicos. Profesor, Universidad de Antioquia.
Palabras clave
Sistema de salud, financiación, reforma, Colombia.
Resumen
El sistema de salud colombiano ha presentado avances significativos en cuanto a cobertura y protección financiera. Sin embargo, la sostenibilidad es una preocupación creciente para mantener estos logros y enfrentar la presión por el aumento del gasto debido especialmente a la adopción de nuevas tecnologías, al envejecimiento de la población y a la creciente demanda de servicios. Mediante la Ley 1751 de 2015, conocida como Ley Estatutaria de Salud, se reguló en el país el derecho fundamental a la salud y se establecieron los principios para asegurar un acceso efectivo y equitativo a los servicios de salud para todos los ciudadanos, responsabilidad que recae sobre el Estado, como lo había reafirmado la Corte Constitucional en Sentencia T-760 de 2008.
El análisis del comportamiento del gasto en salud en los años recientes muestra un desfase creciente en el reconocimiento del recurso destinado a cubrir el plan de beneficios en salud, la unidad de pago por capitación (UPC). Este desfase se presenta entre la UPC calculada por la autoridad, por una parte, y los costos reales que reportan las EPS, por la otra, lo que genera un déficit financiero que compromete la sostenibilidad del sistema. Se estima que el desfase de la UPC en 2022 fue del 7,2% y en 2023 del 4,9% frente a los valores definidos por el gobierno. De manera que para reconocer los gastos reales que comprenden la prestación de servicios sería necesario un ajuste de unos $7,1 billones.
Por otra parte, en cuanto al mecanismo para financiar las tecnologías no cubiertas por la UPC, mediante los denominados presupuestos máximos, se presentan diferencias entre los cálculos iniciales y los ajustes que reconoce el propio gobierno en la marcha, con un faltante de unos $2 billones entre 2022 2023. Además, se presentan retrasos considerables en los reajustes, lo que implica aumentos en la cartera y lo que ha llevado a la Corte Constitucional a llamar la atención para que el gobierno se ponga al día con los pagos correspondientes.
Ante este escenario, la propuesta de reforma de origen gubernamental, lejos de abordar estos desafíos, podría agravar la situación financiera al no contemplar medidas eficaces para gestionar la creciente demanda y mejorar la eficiencia del gasto, lo cual pone en riesgo la cobertura y la calidad de los servicios de salud.
En esta Observación se reúnen los análisis elaborados por un equipo de expertos. El texto se estructura en cuatro secciones: una primera sección con el contexto de la evolución y los retos de la sostenibilidad financiera y algunas precisiones sobre el marco institucional en el que se desenvuelve el sistema de salud, muy especialmente lo que respecta a las obligaciones del Estado en materia de financiación. A continuación, se examina la financiación del plan de beneficios y la suficiencia de recursos, y se analiza la financiación de las tecnologías financiadas mediante el mecanismo de presupuestos máximos. En la tercera sección se presentan unas consideraciones sobre la reforma propuesta por el gobierno, y finalmente, en la cuarta sección, se plantean las conclusiones.